El pasado 30 de enero, los Ministerios de Minas y de Ambiente emitieron el decreto 044, con un loable fin: proteger el medio ambiente del país, sin embargo, el documento entrega poderes excepcionales a la ministra Susana Muhamad que le permitirían afectar el desarrollo minero de Colombia.
Y es que Colombia es uno de los países con una legislación fuerte en término de protección de recursos naturales y es por esto que el Sistema de Parques Nacionales ofrece unas figuras de protección estricta sobre ecosistemas cuya importancia ecológica y en diversidad de especies de flora y fauna requieren un cuidado especial.
En ese sentido, todas las áreas que hacen parte de ese sistema se crean con una figura que permite su permanencia en el tiempo y un trabajo conjunto entre todos los actores que en ellas confluyen, por eso para su creación se tienen en cuenta no solo los ecosistemas que se buscan proteger sino a las comunidades y otros actores que en ellas confluyen.
Esto implica estudios y reuniones para llegar a acuerdos porque una vez creada el área con figura de protección estricta, las actividades que en ella se pueden desarrollar son muy limitadas, quedando casi que exclusivamente destinada al ecoturismo, en algunos casos, y a la investigación.
Sin embargo, el decreto 044 firmado por ambas carteras, le permite a la ministra de Ambiente, en este caso Susana Muhamad, crear reservas de recursos naturales temporales con protección estricta ya sea porque en la zona hay ecosistemas de importancia ambiental o valores de prestación de servicios ecosistémicos.
O porque el área es importante para la conservación de recursos hídricos que surten acueductos municipales, distritales o regionales o soportan disponibilidad de agua para garantizar la seguridad alimentaria. Y finalmente porque se presenten procesos de degradación de ecosistemas que requieren acciones de restauración para recuperar las áreas.
Esto permitiría fortalecer los procesos de protección ambiental en el país, siempre y cuando estas creaciones temporales tengan estudios exhaustivos y procesos conciliatorios con las comunidades aledañas que se verían perjudicadas o beneficiadas con la creación de estas reservas, ya que de alguna manera impactan la vida cotidiana de los habitantes.
Pero la creación de estos espacios de conservación, cuya potestad está en manos de la ministra o ministro de turno, y de un comité científico que pueda evaluar todas las aristas del proceso, implica que una vez delimitada la reserva «no se podrán otorgar permisos o licencias ambientales para exploración o explotación de minerales».
Y es precisamente ahí donde se le entregan poderes extraordinarios a la ministra, ya que en caso de que en el lugar ya existan concesiones o títulos mineros las autoridades, en este caso el Ministerio, tomará las medidas a que haya lugar para que prime la protección de la reserva, y podría conllevar, incluso, el cierre definitivo de las operaciones mineras.
Estas reservas temporales tendrían una duración de 5 años prorrogables a otros cinco y si bien la protección y cuidado del medio ambiente es muy importante para mitigar los efectos del cambio climático, la manera que plantea el decreto para la creación de estas reservas dejaría en manos de una persona el criterio para definirlas.
Esto ha generado preocupación en el sector minero del país y alertas por parte de la Procuraduría General de la Nación por el impacto económico negativo que pueda traer el decreto y posibles veto a ciertas actividades mineras o ciertas empresas del sector.
