La Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, perteneciente al Consejo de Estado, ha admitido estudiar una demanda contra el Representante a la Cámara por el Pacto Histórico en Antioquia, Alejandro Toro Ramírez.
La acción judicial se basa en la presunta ejecución de un contrato con el Estado durante el período de ley de garantías.
Daniel Salazar, investigador del caso, explicó que a través de una corporación llamada Avanti, el hoy congresista habría ejecutado un contrato con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Según la documentación presentada, Toro Ramírez figuraba como el tallerista de los espacios que se debían ejecutar.
En los detalles revelados, se evidencia que Toro Ramírez era el representante legal de Avanti en el momento de la firma del contrato. Aunque posteriormente habría renunciado a su representación legal para lanzarse al Congreso, la evidencia sugiere que continuó ejecutando el contrato.
«La Corporación Avanti, representada por el hoy congresista Alejandro Toro, en el año 2021, suscribió un contrato con el Colegio Mayor de Antioquia en época preelectoral. Dicho contrato fue ejecutado por el mismo Toro, quien adjuntó fotos de él dictando las charlas para las cuales fue contratada la corporación. Esta posible inhabilidad nos da pie para seguir pensando que el exalcalde Daniel Quintero Calle utilizó, posiblemente, recursos públicos de Medellín para financiar las campañas de sus aliados», señaló Salazar.
La demanda de perdida de investidura en contra del Congresista @AlejoToroAnt sustentada en una de nuestras investigaciones fue admitida 😎
Así posiblemente los recursos de Medellín fueron a parar a las campañas de los candidatos del PACTO HISTORICO y los INDEPENDIENTES pic.twitter.com/jaZWSDYB6I
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