La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, a raíz de su presunta participación en la organización del controvertido acto político conocido como el “tarimazo”, celebrado hace un mes en el Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín.
La acción judicial fue interpuesta por el abogado William Francisco Quintero Villarreal, quien acusa a Zuleta de haber gestionado y facilitado la presencia de varios cabecillas de bandas criminales durante el evento, en el cual intervino el presidente Gustavo Petro.
Según el demandante, la senadora habría incurrido en un posible caso de tráfico de influencias al permitir el acceso de estos reclusos a la tarima, amparándose en una supuesta “estrategia de paz urbana”.
Durante el acto, presenciado por cientos de asistentes y transmitido por medios oficiales, estuvieron presentes reconocidos jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá, entre ellos José Leonardo Muñoz, alias Douglas; Juan Carlos Mesa, alias Tom; y Freyner Alfonso Ramírez, alias Carlos Pesebre, todos con un amplio prontuario delictivo.
La aparición de estos personajes al lado del mandatario nacional desató una oleada de críticas y preocupación en la opinión pública, así como en autoridades e instituciones de Antioquia.
Consecuencias legales
La admisión de la demanda marca el inicio de un proceso que podría culminar con la pérdida definitiva de investidura para la senadora Zuleta.
En caso de que el Consejo de Estado falle en su contra, la congresista no solo sería retirada del Senado, sino que quedaría inhabilitada para ejercer cualquier cargo público.
Zuleta, una de las líderes más visibles del Pacto Histórico en el departamento de Antioquia y defensora de políticas progresistas en temas ambientales y sociales, ya había enfrentado anteriormente cuestionamientos por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña al Congreso.
No obstante, dichos procesos no han prosperado por falta de pruebas concluyentes.
Silencio oficial y debate político
Hasta el momento, la senadora no ha emitido declaraciones públicas sobre la admisión de la demanda, aunque su equipo jurídico indicó que se encuentra preparando su defensa.
En el Congreso, sectores de la oposición han exigido explicaciones y mayor claridad sobre los vínculos entre actores políticos y estructuras criminales en iniciativas relacionadas con la paz urbana.
También pueden leer: EPM cumple hoy 70 años transformando vidas y territorios desde Medellín
EPM cumple hoy 70 años transformando vidas y territorios desde Medellín https://t.co/QaSYAuPoQr @EPMestamosahi
— http://www.elmetro.co (@ElmetroCo) August 6, 2025
