La Alcaldía de Medellín entregó a la Fiscalía General de la Nación información que podría comprometer a la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, por presuntamente haber intervenido ante la Policía para frenar un operativo contra una de las estructuras criminales más poderosas del Valle de Aburrá.
Según fuentes oficiales, los hechos habrían ocurrido en mayo, cuando miembros de las denominadas “paz urbana” de Itagüí –una mesa de diálogo impulsada por el Gobierno Nacional con actores armados del área metropolitana– habrían tenido acceso privilegiado a información confidencial suministrada por la Dijín y la Interpol.
Esa información, que fue conocida por la Revista Semana, advertía sobre la inminente captura de hombres cercanos a José Leonardo Muñoz, alias Douglas, histórico líder de la organización criminal La Terraza, y actor clave en las negociaciones de paz urbana.
De acuerdo con la denuncia, alias Douglas habría emitido amenazas directas contra la administración local, advirtiendo que “volaría mierda al zarzo” si se llevaban a cabo los arrestos. Esta advertencia fue conocida por la Secretaría de Seguridad, que a su vez la remitió a la Fiscalía.
En paralelo, presuntamente la senadora Zuleta, en su calidad de coordinadora del espacio de negociación entre el Gobierno y estructuras ilegales, habría ejercido presión sobre altos mandos policiales para frenar el operativo, argumentando que las capturas podían entorpecer el proceso de paz en curso.
A pesar de las supuestas presiones, el operativo se realizó con aval de la Fiscalía.
La intención era capturar a cinco objetivos claves de la organización; sin embargo, solo se logró la aprehensión de cuatro.
El principal objetivo –el hijo de alias Douglas, investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito– logró escapar y actualmente es prófugo de la justicia.
Agentes involucrados en el operativo aseguraron que las filtraciones previas a la acción policial comprometieron su efectividad y permitieron la huida del señalado.
Esta versión refuerza la preocupación de las autoridades locales, quienes solicitaron a la Fiscalía evaluar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra la senadora Zuleta.
La molestia entre los cabecillas criminales, muchos de ellos recluidos en la cárcel de Itagüí, radica en que se sienten traicionados por las acciones judiciales mientras participan en negociaciones con el Gobierno sin un marco legal que les ofrezca garantías.
Sin embargo, tanto la fuerza pública como los gobiernos locales del Valle de Aburrá reiteraron que no claudicarán en su lucha contra el crimen organizado.
Hasta el momento, ni la senadora Zuleta ni su equipo político han emitido una declaración oficial sobre las acusaciones.
También pueden leer: Un chorro de babas
Un chorro de babas https://t.co/oGMO2fip32 @ElJodario
— http://www.elmetro.co (@ElmetroCo) July 1, 2025
