Por primera vez en Colombia, las autoridades ocuparon con fines de extinción de dominio 42 bienes vinculados a una red señalada de defraudar servicios públicos durante más de 13 años en Medellín.
Según la investigación, se trata de 28 inmuebles y 14 hoteles pertenecientes a cinco sociedades relacionadas con 35 personas aparentemente adineradas de la ciudad.
Las pérdidas ocasionadas por esta práctica ilegal superarían los $207 mil millones anuales, afectando directamente a EPM y al Distrito.
La Fiscalía informó que las propiedades, avaluadas en más de $96 mil millones, fueron ubicadas en el centro de Medellín y en los barrios Buenos Aires, Laureles y Belén.
Las medidas incluyen embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los bienes.
Las autoridades indicaron que la red operaba mediante manipulación fraudulenta de contadores y conexiones clandestinas de energía y gas desde 2013.
La investigación fue desarrollada durante 16 meses por la Seccional de Investigación Criminal, tras denuncias realizadas por EPM.
Además, los investigadores encontraron presuntos vínculos familiares, comerciales y societarios entre los propietarios de los hoteles y edificios para coordinar el fraude y evadir controles técnicos.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, rechazó lo ocurrido y aseguró que este tipo de delitos no solo afectan las finanzas de la ciudad, sino que también ponen en riesgo a la comunidad por posibles incendios, cortocircuitos y fugas de gas.
Los bienes ocupados pasarán ahora a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras avanzan los procesos judiciales y posibles negociaciones entre los implicados y el Estado.
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